El Centro de Apoyo Mutuo Jíbaro de Lares (CAMJI), que en su nombre reivindica la identidad jíbara, es uno de los centros de apoyo mutuo que nace luego del paso huracán María con el propósito de organizar con la comunidad y responder ante el abandono de las instituciones gubernamentales y federales.
Comienzan sus trabajos en noviembre de 2017 en tres comunidades de Lares en donde ayudaron a organizar entregas de suministros y brigadas de apoyo agrícola. No podemos perder de perspectiva que el sector de los pequeños agricultores sufrió fuertemente las consecuencias del fenómeno atmosférico y que, casi 4 años después, continúan esperando por los fondos para la recuperación. Como parte de sus trabajos, el colectivo también montó un comedor social que sirvió comida caliente durante dos meses.
En 2019 participaron de las Asambleas de Pueblo, espacios organizativos regionales que surgieron como resultado del verano combativo y el movimiento #RickyRenuncia. Desde ahí organizaron brigadas de apoyo en los pueblos más afectados por los terremotos del 2020. Su aportación consistió en instalar duchas hechas con madera y plafones de PVC en varios campamentos de damnificados. Sabemos las vicisitudes que pasaron las personas refugiadas para acceder a los servicios básicos. Además, del proceso de asambleas articularon a un grupo de personas que comenzaron el rescate de la escuela abandonada.
De un centro social itinerante a un espacio fijo
Luego de llevar más de tres años trabajando con las comunidades de manera itinerante, el CAMJI, junto a personas de la Asamblea de Pueblo de Lares, se dieron a la tarea de rescatar la escuela Consuelo González, cerrada en 2012 por la administración de Luis Fortuño. Siguiendo el dicho popular “es mejor pedir perdón que pedir permiso” comenzaron las tareas de rehabilitación, incluyendo la instalación del sistema de energía solar que suple a todo el centro. Ahora, durante el mes de marzo se cumple un año de ser un espacio de reciprocidad, aprendizaje, ayuda y colaboración.
Al sol de hoy el CAMJI continúa defendiendo la vida digna siendo un lugar que promueve el empoderamiento de la mujer jíbara y de pequeños agricultores y agricultoras de la zona. Estos esfuerzos se materializan con la articulación de la Casa Comunitaria que, aunque sigue siendo un proceso en construcción, algunos proyectos ya operan. La Casa consiste en seis ejes de acción:
Unidad de Formación en Artes Manuales, Agroecología y Energía Renovable – La escuela ofrecerá clases, cursos cortos y talleres prácticos orientados a jóvenes en edad escolar, personas de la 3ra edad y personas desempleadas, en su mayoría mujeres jefas de familia.
Unidad de Apoyo Social-Comunitario – Unidad de apoyo para mujeres y familias víctimas de violencia, además, contará con una clínica legal que ofrecerá asesoría gratuita para personas y familias de bajos recursos. Se realizan charlas y seminarios enfocados en la construcción de alternativas y en prevenciones para evitar el deterioro de la salud mental, física y de la autoestima de los participantes.
Unidad Agro-Productiva – Sirve de plataforma para varios emprendimientos agro-productivos y artesanales con el fin de generar ingresos propios y empleo parcial para los y las participantes. La fábrica de biofermentos producirá abonos, fungicidas y repelentes orgánicos para agricultores y agricultoras de la zona. Por otro lado, en el vivero se desarrollan árboles frutales, hortalizas y especias aromáticas y medicinales.
Salón Comunitario Residencial Dr. Seín - Salón multiusos al servicio de la comunidad equipado con proyector, pantalla, consola y equipo de sonido. Además, cuenta con una cocina industrial.
Unidad de Apoyo Mutuo Agrario – Espacio de articulación regional en donde actualmente participan agricultores y agricultoras de Adjuntas, Camuy, Lares y Yauco. La intención es dar a conocer la crítica situación de la agricultura campesina en PR, abogar por oportunidades de mercadeo justas para las pequeñas agriculturas y servir como defensores de este sector antes los ataques de las altas jerarquías.
Salón Canxibaro - Primera cede de la Escuela Nacional Indígena de Borikén.
Cabe destacar que la gente del CAMJI no solo reaviva la función social que la escuela tenía, sino que, al presentar una propuesta formativa y de desarrollo que responde mejor a los retos que enfrenta la gente de la zona, la renuevan. ¿De qué sirve una institución educativa si no provee las herramientas para construir los cambios que el país necesita?
Un proyecto que defiende la vida digna bajo amenaza
Reconociendo que el CAMJI le devolvió la función social a la escuela abandonada, en 2019 la administración municipal se la cedió en usufructo. Esto quiere decir que el CAMJI quedó a cargo del plantel.
No obstante, a pesar de que el municipio de Lares reconoció su incapacidad para atender las necesidades de la gente y validó el trabajo del CAMJI, el actual alcalde popular Fabián Arroyo Rodríguez dio varios pasos atrás y manifestó su intención de recuperar la escuela.
No es que sea mal visto que el alcalde quiera utilizar una estructura abandonada, sino que se antoje de utilizar la escuela en donde el CAMJI está echando raíces. Cualquiera que sea el uso que el alcalde se proponga darle a la escuela pone en riesgo todo lo que se ha construido y los planes de desarrollo comunitario.
El CAMJI forma parte de una Red de Apoyo Mutuo (RAM) que se extiende por toda la Isla. El surgimiento y la permanencia de estos centros sociales, que llevan como propuesta la solidaridad y la ayuda mutua, es prueba de que existen necesidades que las instituciones gubernamentales y federales no pueden negar y tampoco quieren atender. Si existen razones en común para el surgimiento de este movimiento social que rescata escuelas y otras estructuras abandonadas para su funcionamiento, también existe una problemática en común que amenaza estos proyectos que defienden la vida digna: la falta de titularidad de los espacios rescatados.
Hay que tener presente que esas escuelas y otros espacios abandonados están bajo la mira de los fondos buitres y de inversionistas extranjeros atraídos por las leyes 20 y 22. En otras palabras, estas propiedades pudieran caer en manos del capital extranjero que solo busca aumentar sus ganancias y no el bienestar de las comunidades.
Ante este panorama de incertidumbre, tanto el gobierno central como el municipal debieran reconocer el trabajo del CAMJI y del movimiento de rescatadores que les ha devuelto la función social a las estructuras abandonadas. Debieran ponerlas en función de la comunidad no interrumpiendo sus procesos y facilitándoles el título de propiedad a quienes se han ganado la legitimidad de la gente como fruto del impacto social de su trabajo. De todas formas, hay un movimiento por toda la Isla, del cual el CAMJI forma parte, que está dispuesto a luchar por esos espacios desde donde se construye una vida digna.