¿Empezó la transición al SNAP?

Todavía no. Lo que sí hay —y fuerte— es el cabildeo de los dos partidos de gobierno, PNP y PPD, para empujar esa transición y convencer a Estados Unidos de que “estamos listos”.

En Comedores no nos oponemos. Si se hace bien, de manera inmediata, el cambio del PAN al SNAP puede significar más recursos para la gente. Pero la clave está ahí: si se hace bien y pensando en nuestro contexto. Eso incluye reconocer la pobreza extendida, un mercado laboral precario y un aparato gubernamental que no tiene como prioridad mejorar la vida de la gente. Un problema adicional es que muchas políticas públicas se copian desde Estados Unidos sin ajustarlas a nuestra realidad.

Por eso nos llama la atención lo que está pasando con Cuna de Talentos, del Departamento de la Familia (DF). Fue creado en 2023 como programa voluntario para ofrecerle a los participantes del PAN entre 18 y 54 años sin dependientes “oportunidades para integrarte exitosamente al mundo laboral, continuar estudios o realizar trabajo voluntario.” La página web no es muy clara, pero puede leerse que hay que cumplir el criterio de 20 horas de trabajo o servicio voluntario para “mantener la elegibilidad en el programa PAN.”

En 2024, el DF convirtió en obligatorio trabajar, estudiar o hacer trabajo voluntario 20 horas a la semana para esa población, alrededor de 220 mil personas. Para ese grupo sin dependientes, de 18 a 54 años, ya el SNAP es una realidad, pues se enfrentan al criterio de trabajo so pena de no recibir más beneficios.

Este cambio altera la relación del Estado con la gente que necesita comer. En la práctica, se condiciona el acceso a alimentos a que trabajes, estudies o hagas servicio voluntario. Es, además, un gesto político: el gobierno de Puerto Rico intenta probarle a Washington que puede implementar los requisitos laborales que exige el SNAP. “Aquí estamos, Washington, doblaos, como siempre.”

La retórica del gobierno es la misma, que hay que “incentivar el trabajo”, con amenazas de quedarse sin comer, porque en el fondo, nuestros políticos piensan que somos un chorro de vagos que cogemos cupones por gusto, no por pobreza. Se les nota que no han estado empobrecidos nunca.

El problema es que el mercado de trabajo aquí no garantiza empleos dignos ni suficientes. Abundan los trabajos temporeros y mal pagos. Diseñar la política desde la “obligatoriedad” termina dejando gente fuera. Y de eso se trata la lógica de los requisitos laborales: reducir participación más que ampliar derechos.

Alternativas hay

Organizaciones como el Instituto de Desarrollo de la Juventud han señalado que Puerto Rico puede pedir exenciones y flexibilidades dentro del SNAP: zonas con poco empleo, ajustes por desempleo, reglas especiales para jóvenes, estudiantes, personas mayores y con discapacidades. En palabras sencillas: adaptar el programa a nuestra realidad, no forzar a la gente a encajar en reglas que le quitan beneficios.

Informe producido por el Instituto de Desarrollo de la Juventud

El objetivo debería ser que más personas elegibles puedan entrar y sostener su beneficio cuando lo necesitan, no menos. Y que el gobierno actúe con responsabilidad: en vez de usar a la población pobre para “demostrar capacidad” ante la administración federal, debería garantizar que nadie se quede sin comer por no cumplir un papeleo o una cuota de horas imposible.

Todo esto se discute como si la transición al SNAP fuera segura y a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasará si en los próximos meses una administración federal decide recortar estos programas? ¿Cuál es el plan en Puerto Rico para enfrentar un aumento en la inseguridad alimentaria si el dinero federal se reduce?

¿Realmente se está preparando el gobierno para enfrentar el hambre, o nos distraen con una discusión que no atiende las causas de fondo? Nos toca al pueblo y sus organizaciones seguir creando alternativas para que algún día en Puerto Rico pueda estar garantizado el derecho a la alimentación de todas las personas.

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